Mientras Cecilia Patrón Laviada repite en conferencias de prensa que el Ayuntamiento de Mérida enfrenta presiones financieras y problemas de recaudación, los números del Carnaval 2027 cuentan una historia completamente distinta. La administración municipal proyecta un presupuesto inicial de más de 60 millones de pesos, de los cuales 51.6 millones saldrían directamente de las arcas públicas. Sin embargo, la experiencia reciente demuestra que el costo final rara vez coincide con la cifra anunciada y termina acercándose a los 90 o incluso 100 millones de pesos mediante ampliaciones presupuestales y subsidios adicionales.
La contradicción es evidente. Por un lado se habla de austeridad, limitaciones económicas y de “hacer más con menos”. Por el otro, se destinan decenas de millones de pesos a un evento de pocos días mientras la ciudad sigue enfrentando problemas de baches, alumbrado, parques deteriorados, drenaje insuficiente y servicios públicos que constantemente reciben quejas ciudadanas.
Más grave aún, en años recientes el gasto carnavalero ha sido dispersado entre diversas dependencias municipales, incluyendo áreas cuya función debería ser atender necesidades prioritarias de la población, como Desarrollo Social y Combate a la Pobreza. Recursos etiquetados para mejorar la calidad de vida de los meridanos terminan absorbiendo gastos de espectáculos, artistas y actividades de promoción.
La realidad parece desmentir el discurso oficial. Si realmente hay escasez de recursos, resulta difícil justificar subsidios millonarios para un carnaval cuya dependencia del dinero público alcanza niveles cada vez mayores. La pregunta ya no es cuánto costará el Carnaval 2027. La pregunta es cuánto más están dispuestos a gastar mientras aseguran que el dinero no alcanza para lo verdaderamente importante.