MÉRIDA, YUCATÁN. Lo ocurrido en la comisaría de Xcunyá, donde un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fue privado de su libertad mientras cumplía con sus labores, no es un hecho aislado. Es el resultado directo de una estrategia política que busca lucrar con el malestar social, transformando reclamos ciudadanos legítimos en actos de violencia e intimidación contra personas que solo salen a ganarse el sustento diario.
Mientras la ciudadanía padece las consecuencias de fallas en el suministro eléctrico un problema estructural derivado de la falta de inversión de administraciones pasadas, ciertos actores políticos, particularmente del PAN Yucatán, han optado por incitar al rechazo en lugar de aportar soluciones. Desde la comodidad de sus curules, legisladores como Álvaro Cetina, Isabel Rodriguez, Elias Lixa y Marité Boehm utilizan la crisis energética como bandera electoral, alimentando un clima de hostilidad que expone la integridad de las cuadrillas de campo.
Detrás de cada reporte atendido hay hombres y mujeres que enfrentan jornadas bajo altas temperaturas, expuestos a agresiones y am3n@zas. Quienes hoy incendian los ánimos no salen a reparar transformadores ni a resolver la contingencia; se limitan a buscar reflectores a costa de la seguridad del personal operativo.
La política no puede construirse sobre la desestabilización ni el enfrentamiento entre los Ciudadanos. La infraestructura y las líneas eléctricas se pueden reparar o reemplazar con trabajo técnico, pero la integridad física y la vida de los trabajadores no se recuperan. Es urgente frenar la retórica del odio antes de que la ambición de unos cuantos resulte en una tragedia irreparable para las familias de quienes solo cumplen con su deber.