Con la reciente aprobación del reglamento de bienestar animal, surge una interrogante inevitable: ¿el Ayuntamiento panista de Mérida se investigará y multará a sí mismo? La inquietante duda cobra fuerza al observar el deplorable estado de los animales en el Centenario, visibles cada día más flacos, desnutridos y en condiciones alarmantes. ¿Quién fiscalizará este maltrato institucionalizado? ¿Ellos mismos o volverán a hacerse de la vista gorda como acostumbran?
Cuando se trata de sancionar a los ciudadanos y aplicar multas estratosféricas a terceros, la comuna siempre está en primera fila, lista para recaudar. Sin embargo, cuando las omisiones provienen de sus propias instalaciones, no hay autoridad que los encare ni los sancione.
La narrativa del bienestar animal en esta administración municipal no es más que otra farsa publicitaria. Detrás de cada discurso hay mentiras repetidas y un apetito voraz por extraer más recursos de la ciudadanía a base de cobros. A este paso, los meridanos terminaran pagando un impuesto por respirar bajo el yugo de una burocracia impositiva.