El caso del complejo inmobiliario “Las Dunas” de Chuburná Puerto ya no es solo un conflicto ambiental: se ha convertido en un serio problema político para la diputada panista Sayda Rodríguez Gómez. Su firma, como entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en el gobierno de Mauricio Vila, aparece en la autorización estatal que permitió la depredación de las dunas costeras.
Esas dunas no son un simple paisaje. Funcionan como barreras naturales que protegen la costa de la erosión y del oleaje extremo durante los huracanes. Al autorizar su destrucción, Sayda Rodríguez priorizó el desarrollo inmobiliario por encima de la seguridad de las comunidades y del equilibrio ecológico. No importó que, sin ellas, Chuburná Puerto quede más expuesto a los efectos de los ciclones.
La presión social y política crece. Habitantes y colectivos ambientalistas exigen explicaciones claras: ¿por qué se autorizó un proyecto que sacrifica un ecosistema vital? La respuesta sigue sin llegar. En este contexto, resulta impostergable que Sayda Rodríguez solicite licencia como diputada en el Congreso del Estado. Su permanencia en la bancada panista solo profundiza el costo político para Acción Nacional de cara a 2027.El PAN no puede llegar a las próximas elecciones cargando con esta decisión. Las Dunas ya no es solo un expediente administrativo: es el símbolo de una autorización que ignoró el papel protector de las dunas frente a los huracanes y que hoy pasa factura.