En Mérida, la administración panista de Cecilia Patrón Laviada parece haber convertido cada programa, servicio y espacio municipal en una oportunidad para cobrarle al ciudadano. Tinacos, impermeabilizantes y paneles solares son presentados como “apoyos” con descuentos, pero la pregunta incómoda es simple: ¿realmente representan un ahorro frente a los precios del mercado?
La lista no termina ahí. El Parque Extremo tiene costo, el Educazoo anunciado recientemente cobra $40 por persona y los paseos guiados del Centenario también tienen tarifa. Mientras tanto, aparecen nuevas multas y cobros dirigidos a propietarios de terrenos y vendedores ambulantes.
El problema no es solamente cobrar: es la lógica detrás de una administración que parece buscar ingresos por todas las vías. Si son programas sociales, ¿por qué tienen precio? Y si son servicios comerciales, ¿por qué se promocionan como beneficios para la ciudadanía?
La pregunta de fondo es todavía más incómoda: ¿cuánto recauda el Ayuntamiento con estos conceptos y exactamente en qué termina gastándose ese dinero?
Porque Mérida no es una empresa privada. El Ayuntamiento debe rendir cuentas y explicar cada peso que entra a sus arcas. Menos propaganda, más transparencia; menos cobros disfrazados de apoyos y más beneficios realmente accesibles para los ciudadanos.