Lo que debiera ser un operativo de supervisión terminó con un comerciante detenido y desalojado del parque Hidalgo la tarde del 15 de septiembre. Inspectores de la Subdirección de Mercados le exigieron un pago excesivo. Fuentes cercanas al gremio señalan que se trataba de una “cooperación” más fuerte para la campaña de la alcaldesa Cecilia Patrón Laviada. Al negarse, lo retiraron del lugar y la Policía Municipal bajo control del mismo Ayuntamiento lo detuvo.
Los vendedores saben cómo se maneja este Ayuntamiento: si no hay moche, no hay trabajo. Aunque salgan a decir que “no son empleados”, todos conocen el sistema. Ahora pueden inventarle una carpeta de investigación y dejar sin sustento a una familia por una falta administrativa.
Mientras persiguen a un marquesitero, las banquetas siguen ocupadas, los parques saturados, las calles oscuras y los baches intactos. ¿Cuántos inspectores hay para cobrar y cuántos para atender las verdaderas necesidades de la ciudad?
Han surgido señalamientos de cobros irregulares e incluso de inspectores que proporcionan datos bancarios. Si hay corrupción, debe investigarse y sancionarse. Si no, el Ayuntamiento debe aclararlo de inmediato.
¿De qué sirve presumir una Mérida moderna si un pequeño comerciante termina detenido por intentar ganarse el pan? La ciudadanía exige saber quién dio la orden y bajo qué fundamento legal. Porque una cosa es poner orden… Y otra muy distinta es el abuso de autoridad.