La Brigada de Protección Animal presentada por el Ayuntamiento de Mérida como una de sus principales estrategias en materia de bienestar animal enfrenta una creciente ola de cuestionamientos. Durante el programa Palo Dado se expusieron señalamientos sobre la presunta integración de personas que no formarían parte de la Unidad de Protección Animal ni de la Policía Municipal, situación que, de confirmarse, ameritaría una explicación pública.
Las críticas también alcanzan al titular de la Unidad de Protección Animal, Raúl Fernando Escalante Aguilar, debido a que ciudadanos cuestionan si quienes participan en la brigada cuentan con las facultades legales, la capacitación técnica y el respaldo jurídico para intervenir en casos de maltrato animal.
Los señalamientos hacen referencia al Reglamento de Protección a la Fauna del Municipio de Mérida, que establece funciones específicas para el personal encargado de atender denuncias e inspecciones. Por ello, diversos sectores solicitan que el Ayuntamiento informe quiénes integran la brigada, bajo qué criterios fueron incorporados y cuáles son sus atribuciones.
Hasta el momento no se ha emitido una respuesta pública que aclare estos cuestionamientos. Mientras tanto, organizaciones y ciudadanos insisten en que un programa de protección animal debe operar con total transparencia, certeza jurídica y apego a la normatividad para garantizar la confianza de la población.